Encrucijada en la financiación de los ayuntamientos

Estos días se debate el modelo de financiación de las autonomías, y llegan los enfrentamientos entre comunidades por aumentar sus ingresos. Así queda en segundo plano un problema de financiación mucho más grave, el de los más de 8.000 ayuntamientos de España que sobreviven en la precariedad financiera, proporcionando servicios que no le son propios (como vivienda, inmigración o servicios asistenciales), más de un 30% del gasto sin que comunidades autónomas o Estado se lo compensen económicamente.

No es que el Ayuntamiento de Villacarrillo tenga problemas, es que todos los ayuntamientos de España, PSOE, PP, IU o del color político que sean, están al límite de su capacidad financiera; sus escasos recursos tienen que atender cada vez más servicios demandados por el ciudadano y no se niegan por que son la administración más sensible y cercana. Es un milagro que muchos ayuntamientos puedan abrir cada mañana y sus regidores están hartos de hacer encaje de bolillos con la economía municipal. Los ayuntamientos son la cenicienta en el reparto del dinero público del que gestionan un triste 12% cuando en el resto de la Europa moderna es de un 25%. Con la mitad del dinero proporcionan servicios de una calidad y variedad notables, a costa de tensionar al límite los recursos y las tesorerías municipales.

Es la hora de los ayuntamientos, y no valen promesas de solución, por que llevamos demasiados años aplazando el problema. La Constitución garantiza el principio de suficiencia financiera, y no hay respeto a la autonomía local sin autonomía financiera. La negociación debe ser simultánea a la autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y hacerse ahora que es cuando se reparten los tributos del Estado. No queremos llegar a la negociación cuando no quede nada en el cesto.

Los ayuntamientos necesitan una garantía de ingresos mínimos, suficiencia para hacer lo que tenemos que hacer, equidad para garantizar igualdad de acceso a los servicios públicos, autonomía para que solo nuestros vecinos decidan sobre inversiones y gastos y responsabilidad fiscal para no eludir el valor de lo público.

El problema es de gravedad, y urge tomárselo en serio, como demuestra el que las reclamaciones vengan indistintamente del PSOE, PP o IU, lo que anula la excusa de falta de consenso.

Los ayuntamientos conocen mejor que nadie los problemas de sus pueblos y sus gentes y es de justicia que dispongan de los recursos necesarios para hacerles frente.