Al hilo de la crisis que sufrimos y de la escalada de recortes y austeridad se han escuchado estos días dos opiniones sobre el PER (actualmente AEPSA) de Andalucía y Extremadura que resucitan una polémica que viene de su instauración. Se trata Duran i Lleida pidiendo su revisión/eliminación y de Esperanza Aguirre con un comentario realmente insultante hacía los andaluces que ni siquiera merece comentarse.
Decía el otro día el ex presidente del Parlamento de Andalucía, Javier Torres Vela, que no es malo que el tema entre en debate, dado que afecta a la cosa común, pero que se haga sin la singularidad racista que nos atribuyen.
Con un primer argumento político atribuyen al PER la explicación de porqué votamos lo que votamos (el andaluz tendría el voto en venta permanente, por supuesto el ciudadano de sus respectivas Comunidades no) y se sintetiza nuestro ideal de vida en la holganza y la sopa boba.
Este sistema de protección acoge a 173.000 personas por 450 euros al mes y un coste total de 750 millones de euros. Una cifra modesta comparada con otras bolsas de protección de desempleo o de incentivación de sectores económicos: el automóvil, el carbón, la pesca, la energía, los planes de reconversión siderúrgica, textil o naval. Planes e incentivos que se concentran en las respectivas regiones de los portavoces a los que hacíamos mención, sin que por ello se les trate de indolentes, o incompetentes, a pesar de recibir cuantiosos recursos públicos.
Cuando en 1984 se acometió la reconversión del sector agrario, existían unas estructuras anquilosadas y un fuerte excedente de mano de obra. Las opciones eran dejar el ajuste en manos del mercado, con emigraciones masivas, despoblación del medio rural, y creación de marginalidad en las ciudades de recepción. O realizar una intervención que mantuviese la renta agraria, mejorase las infraestructuras locales, y mantuviese la población. Visto lo sucedido el plan ha tenido mejores resultados que cualquier otra reconversión.
Es discutible su continuidad, pero es más mucho más lógico debatir sobre su eficiencia, claramente mejorable, y sobre las pequeñas corruptelas que genera para erradicarlas. Todos conocemos casos de abusos y trapicheos, que yo calificaría directamente de delitos. A mí me hierve la sangre cada vez que desde la oficina del SAE se nos envía al Ayuntamiento un obrero que sabemos tiene recursos sobrados para no necesitar el PER, sin que se pueda hacer nada para evitarlo por que ha escamoteado sus ingresos reales. Pero se trata de cambiar la norma para perseguirlos y castigarlos, no de quitarle el sustento a decenas y decenas de familias que simplemente sobreviven con unos jornales, unas pocas olivas, unas chapuzas y el PER. Desde el Ayuntamiento conocemos bien que son muchos los que si necesitan esta renta para sobrevivir, para mal-mantener a sus hijos, para no emigrar, para conservar unas mínimas condiciones de vida y de dignidad.
En tiempos de crisis se discute dónde hay que recortar el gasto público, pero el debate debe hacerse sin ofender nuestra dignidad, y exigiendo el mismo respeto que desde aquí damos a otros pueblos.
