El gobierno del PP consciente de que su mayoría absoluta no se va a repetir la próxima legislatura y con todos los grupos de la oposición en contra de la ley Wert, aceleró los calendarios de aplicación para hacer irreversible el cambio de leyes, contra la inmensa mayoría de la comunidad educativa.
El resultado: CAOS EDUCATIVO
Ahora coexisten comunidades con los planes de estudio antiguos y otros con los nuevos. La mayor parte de las comunidades no han aprobado los nuevos currículum, unos trabajarán con los libros antiguos y otros con los nuevos, a muchas no les dará tiempo de aplicar la ley. En resumen, improvisación, prisas, casos, falta de coordinación y temor entre alumnos, padres y profesores a qué va a ocurrir el curso próximo. Todo lo contrario de lo que debe imperar ante la puesta en marcha de una reforma educativa.
Con la nueva ley el ministro ha dejado en manos de las autonomías la secuenciación de contenidos comunes, o sea, 17 planes de estudio diferentes, uno por comunidad, lo que garantiza que se recibirá un tipo de educación según el lugar de nacimiento.
Al desbarajuste de los planes de estudio sumamos la selectividad. Según el PP la selectividad no sirve para nada porque aprueban todos los alumnos. Lo que manifiesta un grado supino de desconocimiento del sistema. La selección de los alumnos que acceden a la Universidad se produce en los institutos, donde los profesores dejan pasar a quienes entienden que están en condiciones de aprobar la prueba. Y los resultados les dan rotundamente la razón. La gran ventaja de la Selectividad es que con una única prueba los alumnos pueden acceder a cualquier carrera de cualquier universidad. Con el nuevo sistema de reválida, unos evaluadores externos, que irremediablemente serán menos competentes que nuestros profesores actuales, podrán suspender a un alumno que ha demostrado su competencia durante años, por tener un mal día, y condenarlo a la expulsión del sistema sin título y sin futuro. A lo que hay que añadir que donde ahora hay una única prueba, en el futuro se multiplicarán por dos, tres o diez, en función de los intereses de estudio de cada alumno.
Y no acabarían ahí los problemas, pues a la llegada a la universidad el esquema de precios públicos hace que un grado en Barcelona cueste el triple que uno en Sevilla. Afortunadamente en Andalucía las autoridades educativas han determinado los precios más asequibles de todo el Estado. A lo que añadir un sistema de becas restrictivo, discriminatorio y que condena a los menos favorecidos a abandonar los estudios universitarios, como ya viene ocurriendo.
En el nuevo Parlamento es probable una mayoría de grupos contrarios a esta Ley. Será el momento de llevar a la práctica el compromiso, ya firmado por todos, de sustituir una mala ley por una consensuada y avalada por un gran acuerdo político.
Poner orden en el actual caos no va a ser fácil y la nueva ley deberá plantearse reconstruir el sistema educativo español. Para ser honestos ese gran acuerdo estuvo al alcance de la mano cuando el ministro de Educación fue Ángel Gabilondo. Una figura irreprochable, conciliadora, de consenso y acuerdos, que a punto estuvo de materializar la unanimidad con la reforma del sistema educativo. Pero para nuestra desgracia, se convocaron elecciones y el PP decidió que le era partidistamente más rentable romper el acuerdo. Y para nuestra desgracia y la de la educación en España, la jugada le salió bien.
Al finalizar este artículo se conoce la sustitución del ministro Wert por Méndez de Vigo. Lo que ratifica que incluso el propio PP reconoce el fracaso de su reforma educativa. El nuevo ministro llega con escasa experiencia en administración educativa, lo que será un hándicap, pero esperemos de él la paralización de un reforma que nos aboca a un futuro educativo anárquico.
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